Los países, las regiones, las ciudades y los pueblos, a menudo se ven afectados en su dinámica diaria y en su nivel de desarrollo y bienestar, como resultado de eventos naturales que se manifiestan con diferentes niveles de frecuencia e intensidad. Sean incendios, inundaciones, sequías o sismos, el impacto sobre infraestructuras, zonas boscosas, sembradíos y poblaciones en general, muchas veces adquiere connotaciones catastróficas.
La capacidad de respuesta que tengan los gobiernos y las sociedades ante
eventos de cierta magnitud, es lo que va a indicar el grado de vulnerabilidad
de los países, las regiones, las ciudades y los pueblos. Y esa vulnerabilidad
debe verse en términos de tiempo y en términos de espacio. Es decir, en cuánto
tiempo, durante cuánto tiempo, en qué lugares y con qué cobertura espacial, es
posible la respuesta.
Un caso de interés para ser analizado desde la perspectiva anterior es el
de Mérida, en la región de Los Andes de Venezuela, tanto la ciudad capital como
el estado, toda vez que ambos espacios están expuestos a dos amenazas naturales
importantes: la climático-hidrológica y la sísmica.
Ante la ocurrencia de un evento de gran envergadura, sea
climático-hidrológico o sísmico, ¿cuál puede ser la capacidad de respuesta
tanto de los gobiernos como de la sociedad merideña toda? Hay dos
condicionantes que pueden ser determinantes al momento de acometer una
respuesta. Uno es la orografía merideña, caracterizada en su mayor parte por
relieves montañosos de difícil acceso, y otro es la frágil red vial que
interconecta a los diferentes centros poblados y que dan salida a estados
fronterizos como Táchira, Barinas, Trujillo y Zulia. Entonces, la capacidad de
respuesta, tanto en la ciudad capital como en el estado todo, tiene que ubicarse en el escenario de posible
vulneración de infraestructuras claves y
la necesidad de realizar operaciones complejas utilizando todos los medios
disponibles.
Por Alfredo Portillo
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