Durante estos días que transcurren de septiembre de 2026, hay un intenso debate en Colombia sobre el tema de la autonomía universitaria, luego que el presidente Abelardo de la Espriella declarara que autorizará a la fuerza policial para ingresar a los recintos de las universidades públicas, a fin de combatir a quienes él denomina como violentos, vándalos y terroristas.
El debate se está dando en los espacios de las universidades públicas colombianas
y a través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.
Estudiantes, profesores, políticos y líderes sociales han estado manifestando
sus puntos de vista con relación a este espinoso asunto.
Como se sabe, la autonomía universitaria, de larga tradición en América
Latina, es una condición de que gozan las universidades públicas para elegir a
sus autoridades, administrar sus recursos, planificar libremente las
actividades académicas y velar por la seguridad de sus instalaciones.
Ahora bien, la autonomía universitaria ha hecho de las universidades
públicas escenarios de una intensa disputa territorial, debido a que
internamente se conforman grupos que se disputan el control de las escuelas y
facultades, algo que se agudiza aún más cuando, desde afuera, grupos
económicos, organizaciones políticas, organizaciones religiosas y
organizaciones armadas, influyen y pasan a tener un papel protagónico en el
devenir de las mismas.
La autonomía universitaria por sí misma no blinda con un manto a las
universidades públicas, pero sí las convierte de manera específica en territorios
en disputa, puesto que éstas tienen una base física donde actúan seres humanos
que tienen intereses, ideas y objetivos. La contraposición de intereses, ideas
y objetivos da lugar a rivalidades en el territorio, las cuales se ven
reflejadas precisamente tanto en la elección de las autoridades, como en la
administración de los recursos, en la
planificación de las actividades académicas y en el aspecto de la seguridad de
las instalaciones. Para muestra, un botón.
Por Alfredo Portillo
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